El Tribunal Supremo falla a favor del actual sistema de 0,7% de IRPF social
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El Tribunal Supremo ha fallado a favor de mantener el
actual sistema de distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a
actividades de interés social
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La Plataforma del Tercer Sector, la Coordinadora de ONG
para el desarrollo y cuatro de las mayores entidades ecologistas (Amigos de la
Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF) celebraron hoy esta decisión
en una rueda de prensa conjunta en Madrid
(Madrid, 17 de marzo de 2016).- La Plataforma del Tercer
Sector, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF celebraron hoy en Madrid una rueda de
prensa conjunta en que calificaron de “buena noticia” la decisión del Tribunal
Supremo con respecto al recurso presentado en contra del RD 536/2013, que
regula la distribución de fondos derivados del 0,7% de IPRF destinado a
actividades de interés social.
A pesar de que estos fondos representan únicamente
alrededor del 0,2% del dinero que el Estado transfiere cada año a las CCAA, en
los últimos años se han sucedido recursos judiciales contra el sistema, lo que
provocaba una profunda preocupación en el sector, en un momento en que los
programas que desarrollan son especialmente necesarios para los millones de
personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza en
nuestro país, dados los efectos aún notables de la crisis económica, social y
ambiental y la difícil situación en que nos encontramos, al estar viviendo el
Gobierno en funciones más largo de la historia de la democracia española.
El Tribunal Supremo ha estimado en su sentencia que el
decreto “no incluye en sus materias la asistencia social”, sino que “las subvenciones
de este Real Decreto tienen conexión con actividades recogidas en otros títulos
competenciales en los que el Estado sí está legitimado para actuar”, tales como
actividades educativas o de inserción laboral, entre otras.
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, celebró
la decisión del Tribunal tras “más de una década dependiendo de presupuestos
anuales en ocasiones sin estabilidad”, que han mantenido al Tercer Sector “en
una amenaza continua”. Las necesidades de las personas, afirmó, “no pueden depender
de conflictos políticos ni jurídicos, sino de una política de consenso que haga
que el sufrimiento sea cada vez menor”, en un momento, además “en que los
indicadores de pobreza y exclusión son los peores de la historia de nuestra
democracia”.
Por ello, añadió, estamos “convencidos de que debe existir
un consenso sobre cómo actuar o prevenir esta situación”, y que permita “la realización de actividades
de reequilibrio territorial que garanticen que cada persona, independientemente
de su lugar de nacimiento o residencia, disfrute de la misma atención social”
Luis Cayo Pérez
Bueno, vicepresidente de incidencia política e impulso
normativo de la Plataforma del Tercer Sector, explicó por su parte que la
sentencia “desestima todas y cada una de las objeciones presentadas por la
parte recurrente”, y afirma que el sistema actual de distribución de
subvenciones es “plenamente conforme a derecho”. Según Pérez Bueno, “no hay
dudas ya para la estabilidad y continuidad del modelo”, por lo que “el gobierno
puede y debe convocar ya las subvenciones del presente año”.
El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector se
mostró satisfecho por la permanencia de “un instrumento válido, valioso y útil
que mira a las necesidades reales por encima de los conflictos competenciales”.
Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife, destacó por su parte que se trata de “un día de celebración” por
una sentencia “que supone ganar una batalla muy importante, aunque no la guerra,
para que la justicia ambiental y social y la solidaridad global sean una
realidad”. Ruiz se refirió a la labor de los ecologistas, que no defienden “animales
y plantas” sino que trabajan por “mucho más, defendiendo calidad de vida y
asegurando el futuro de las siguientes generaciones”, ya que el mayor expolio
que puede vivir una sociedad es el expolio de sus recursos naturales”.
La representante de las ONG ambientales afirmó que “reconocemos
los derechos competencial, pero se deben salvaguardar unos mínimos que
garanticen la equidad ambiental, social y de solidaridad global en todo el Estado”.
Mercedes Ruiz-Giménez
Aguilar, presidenta de la Coordinadora de
ONG para el desarrollo (CONGDE), señaló que la sentencia del Tribunal supone
“un primer paso”, que refleja “la fuerza de la unión” del sector, que “despeja
el camino para conseguir alcanzar un modelo estable y sostenible de
financiación del sector”. Las organizaciones del Tercer Sector, afirmó,
“tenemos el derecho de existir”, y por ello debemos “conseguir un marco
jurídico y de recursos asegurados que permita prever el fortalecimiento de
nuestras acciones y organizaciones”. Ruiz-Giménez afirmó que las entidades de
cooperación al desarrollo “llegan a 35 millones de personas a través de la
acción en más de 100 países”, por lo que seguirán trabajando para “pedir más”
al futuro Gobierno, y conseguir “que este primer paso no quede ahí”.
Las entidades, que estuvieron apoyadas por la
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), representan a
miles de organizaciones que trabajan en cooperación al desarrollo,
medioambiente y la acción social, y que, en el marco de estas ayudas, gestionan
casi 300 millones de euros para proyectos finalistas (ayudas directas a
personas), que benefician anualmente a seis millones de personas.
Contacto: Ida de la Hera. Responsable de comunicación de la
Plataforma del Tercer Sector.
